Nueva respuesta del gobierno sobre protocolo

El pasado 4 de agosto el diputado Celso Delgado Arce, quien ya preguntó en enero de 2007 por la reforma del Real Decreto de Ordenación General de Precedencias, formuló nuevamente otra pregunta al ejecutivo sobre el mismo tema.

Nosotros esperamos la respuesta del gobierno y deseábamos que por fin fuera del agrado de los profesionales del protocolo en España y no volviera a suceder lo de hace dos años, aunque tal y como predijimos, se volvio a repetir. Pero lo que nunca nos hubiésemos imaginado es que la respuesta del gobierno volviera a ser idéntica salvo en algunas palabras.

Contestación por parte de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes:
«El Gobierno no ha anunciado ni está elaborando en estos momentos una nueva ley reguladora del protocolo oficial de España. Junto a estas consideraciones y apoyando las tesis que propugnan cautela y respeto, hay que tener en cuenta que tanto el proceso de desarrollo y consolidación de nuestro modelo territorial como, especialmente, el de la Unión Europea, se encuentran aún abiertos».

A continuación vamos a comparar las contestaciones:

Respuesta del 7 de junio de 2007

Han pasado más de veinte años desde la promulgación del Real Decreto 2099/1983, por el que se aprobó la vigente Ordenación General de Precedencias, que aún hoy sigue siendo la norma de referencia indiscutible en materia de Protocolo Oficial.

Nadie duda de las virtudes de esta norma, ciertamente innovadora en su momento, ni del vacío que en su día vino a colmar. No obstante, la profunda transformación del Estado y el progresivo desarrollo y consolidación de nuestro modelo constitucional, especialmente en lo que ámbito autonómico y local de refiere, han motivado que expertos y profesionales vengan reclamando en los últimos años la conveniencia de actualizar y revisar dicha norma, tanto en lo que respecta a alguno de los principios que la inspiran como al elenco de cargos, en algunos casos de indiscutible relevancia, que han aparecido o han quedado suprimidos desde la fecha de su promulgación.

Por otra parte, la incorporación de España a la Unión Europea introduce también nuevos elementos que, obviamente, no pudo prever el Real decreto de 1983: colocación de autoridades de la Unión Europea cuando concurren con autoridades españolas, incorporación de la bandera europea junto a la española en la simbología de nuestras instituciones, futuras figuras previstas en la Constitución Europea –cualquiera que sea el formato que finalmente adopte-, como la de Presidente de la UE y del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, etc.

Por tanto la actualización del Real Decreto 2.099/83, podría considerarse conveniente. No obstante, se trata de un asunto complejo, que no debe ser guiado por la precipitación, ni menos aún, por consideraciones meramente coyunturales. Por el contrario, cualquier proceso de reforma, debe estar basado en el consenso más amplio posible entre todos los que, especialmente en el ámbito oficial, pero incluso fuera de él –por ejemplo, en el terreno académico- ejercen responsabilidades en este ámbito.

Respuesta del 12 de diciembre de 2008

Han pasado más de veinte años desde la promulgación del Real Decreto 2099/ 1.983, por el que se aprobó la vigente Ordenación General de Precedencias, que aún hoy sigue siendo la norma de referencia indiscutible en materia de Protocolo Oficial.

Nadie duda de las virtudes de esta norma, ciertamente innovadora en su momento, ni del vacío que en su día vino a colmar. No obstante, la profunda transformación del Estado y el progresivo desarrollo y consolidación de nuestro modelo constitucional, especialmente en lo que al ámbito autonómico y local se refiere, han motivado que expertos y profesionales vengan reclamando en los últimos años la conveniencia de actualizar y revisar dicha norma, tanto en lo que respecta a alguno de los principios que la inspiran como al elenco de cargos, en algunos casos de indiscutible relevancia, que han aparecido o han quedado suprimidos desde la fecha de su promulgación.

Por otra parte; la incorporación de España a la Unión Europea introduce también nuevos elementos que, obviamente, no pudo prever el Real Decreto de 1983: colocación de autoridades de la Unión Europea cuando concurren con autoridades españolas, incorporación de la bandera europea junto a la española en la simbología de nuestras instituciones, futuras figuras previstas en la Constitución Europea — cualquiera que sea el formato que finalmente adopte—, como la de Presidente de la UE y del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, etc, por tanto, la actualización del Real Decreto 2099/ 1983, podría considerarse conveniente-No obstante, se trata de un asunto complejo, que no debe ser guiado por la precipitación, ni menos aún, por consideraciones meramente coyunturales. Por el contrario, cualquier proceso de reforma, debe estar basado en el consenso más amplio posible entre todos los que, especialmente en el ámbito oficial, pero incluso fuera de él —por ejemplo, en el terreno académico— ejercen responsabilidades en este ámbito y elegir la atmósfera y el momento político más oportuno. Junto a estas consideraciones, y apoyando las tesis que propugnan cautela al respecto, hay que tener en cuenta que tanto el proceso de desarrollo y consolidación de nuestro modelo territorial como, especialmente, el de la Unión Europea, se encuentran aún abiertos y sometidos a modificaciones de envergadura

Creo que esta respuesta no es del agrado de la mayor parte de los profesionales del protocolo en España, que vienen demandando en los últimos tiempos la necesaria actualización o incluso, la reforma, del R.D. 2099/1983, que tiene más de 25 años y no hace más que dar quebraderos de cabeza a la hora de realizar ordenaciones de autoridades. Y la excusa de que nuestro modelo territorial, tanto el español como el de la Unión Europea, está abierto, no sirve de nada ya que entonces, tomando dicha premisa, nunca se haría una reforma porque como todo cambia con el paso del tiempo, mejor quedarnos como en el pasado.
Está claro que los problemas "políticos" están detrás del rechazo a la actualización o reforma del Real Decreto de Precedencias. ¿Alguien es capaz de ponerle fecha al cambio necesario?


Nueva pregunta en el Congreso de los Diputados sobre protocolo
Pregunta en el Congreso de los Diputados sobre protocolo
Respuesta del Gobierno sobre protocolo
El Congreso rechaza cambiar el Protocolo en las tomas de posesión
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Conclusiones del VII Congreso Internacional de Protocolo

Nueva pregunta en el Congreso de los Diputados sobre protocolo

El pasado 4 de agosto el diputado Celso Delgado Arce, quien ya preguntó en enero de 2007 por la reforma del Real Decreto de Ordenación General de Precedencias ha vuelto a formular la pregunta al ejecutivo, que deberá responder por escrito, como hizo en la anterior legislatura.

La reforma del Real Decreto 2099/1983 es una prioridad para los profesionales del protocolo ya que sus 25 años de antigüedad atestiguan su ineficacia y obsolescencia, debido a los múltiples cambios sufridos por la administración del Estado en España. Desde múltiples foros, como congresos, jornadas, cursos, ... los profesionales vienen solicitando año tras año una solución a las precedencias en España, siendo este uno de los temas principales que se discute en el sector, pero que no tiene respuesta por parte del gobierno debido a problemas "políticos".

Celso Delgado formuló la siguiente pregunta al gobierno con respuesta escrita, Previsiones acerca de la reforma del Real Decreto 2099/1983, que regula la Ordenación General de Precedencias en el Estado (184/026643). Presentado el 04/08/2008, calificado el 02/09/2008(pdf):

El Diputado D. Celso Delgado Arce de la provincia de Ourense perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito:

En la pasada legislatura este diputado, concretamente el 9 de mayo de 2007, formulaba al Gobierno una pregunta sobre si la vigente normativa reguladora del Protocolo Oficial de España estaba respondiendo adecuadamente a la nueva realidad institucional del Estado y a las nuevas prácticas organizativas,

El Gobiemo con fecha 7 de junio respondían ''Han pasado más de veinte años desde la promulgación del Real Decreto 2099/ 1.983, por el que se aprobó la vigente Ordenación General de Precedencias, que aún hoy sigue siendo la norma de referencia indiscutible en materia de Protocolo Oficial. Nadie duda de las virtudes de esta norma, ciertamente innovadora en su momento, ni del vacío que en su día vino a colmar. No obstante, la profunda transformación del Estado y el progresivo desarrollo y consolidación de nuestro modelo constitucional, especialmente en lo que al ámbito autonómico y local se refiere, han motivado que expertos y profesionales vengan reclamando en los últimos años la conveniencia de actualizar y revisar dicha norma, tanto en lo que respecta a alguno de los principios que la inspiran como al elenco de cargos, en algunos casos de indiscutible relevancia, que han aparecido o han quedado suprimidos desde la fecha de su promulgación. Por otra parte; la incorporación de España a la Unión Europea introduce también nuevos elementos que, obviamente, no pudo prever el Real Decreto de 1983: colocación de autoridades de la Unión Europea cuando concurren con autoridades españolas, incorporación de la bandera europea junto a la española en la simbología de nuestras instituciones, futuras figuras previstas en la Constitución Europea — cualquiera que sea el formato que finalmente adopte—, como la de Presidente de la UE y del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, etc, por tanto, la actualización del Real Decreto 2099/ 1983, podría considerarse conveniente-No obstante, se trata de un asunto complejo, que no debe ser guiado por la precipitación, ni menos aún, por consideraciones meramente coyunturales. Por el contrario, cualquier proceso de reforma, debe estar basado en el consenso más amplio posible entre todos los que, especialmente en el ámbito oficial, pero incluso fuera de él —por ejemplo, en el terreno académico— ejercen responsabilidades en este ámbito y elegir la atmósfera y el momento político más oportuno. Junto a estas consideraciones, y apoyando las tesis que propugnan cautela al respecto, hay que tener en cuenta que tanto el proceso de desarrollo y consolidación de nuestro modelo territorial como, especialmente, el de la Unión Europea, se encuentran aún abiertos y sometidos a modificaciones de envergadura"

Todas las asociaciones que agrupan a los especialistas en Protocolo que hay en España se siguen hoy manifestando en el sentido de que es inaplazable la actualización de diferentes normativas, en especial el Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado.

Ciertamente la reforma debe buscar el consenso y recabar la opinión de estos profesionales del protocolo y a esos efectos sugerimos al Gobierno la creación de una Comisión Técnica que asesore al ejecutivo de modo que la nueva normativa tenga la calidad exigible y resuelva la amplia casuística existente.

¿Considera conveniente el Gobierno proceder a una reforma que permita la actualización del Real Decreto 2099/1983, que regula la Ordenación General de Precedencias en España?

Ahora sólo nos queda esperar que la respuesta del gobierno sea por fin del agrado de los profesionales del protocolo en España y no vuelva a suceder lo del año pasado, aunque nos tememos que se repetirá.

Pregunta en el Congreso de los Diputados sobre protocolo
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Modificado el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno

Hoy se ha modificado el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno a través de un Real Decreto, que extiende algunos de los beneficios que se otorgan a los que han dirigido el ejecutivo para incluir a los cónyuges o persona unida con análoga relación de afectividad sin necesidad de la existencia de matrimonio previo.

El Real Decreto 1306/2008, con fecha 24 de abril modifica la legislación anterior, R.D. 405/1992, de 24 de abril por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno. Esta norma estableció el régimen estatutario aplicable a los Ex Presidentes del Gobierno. Según dice el BOE, "la experiencia adquirida desde su promulgación, el tiempo transcurrido y la necesidad de adecuar la normativa a las circunstancias y nuevas situaciones que se van produciendo aconsejan su revisión".

Por lo tanto, se modifica el artículo 4 de la normativa de 1992, añadiendo un apartado en dicho artículo que indica lo siguiente: "Los apartados números 3 y 4 del artículo 3 del presente real decreto serán de aplicación al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad, en caso de fallecimiento de los Ex Presidentes del Gobierno".

Los Ex Presidentes recibirán lo correspondiente conforme al estatuto, y una vez que fallezcan, serán sus cónyuges o la persona unida con análoga relación de afectividad (no es necesario que exista matrimonio para beneficiarse de esta medida) quienes dispondrán de algunos de los beneficios indicados en el estatuto.

De este modo la normativa del Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno, quedría así:

"3. Se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado.
4. Gozarán de los servicios de seguridad que las autoridades del Ministerio del Interior estimen necesario."

Por lo tanto, lo modificación viene a otorgar a las viudas (o viudos, aunque en España todavía no exista el caso) de quienes ostentaron la presidencia del Gobierno un vehículo oficial y la cobertura de seguridad que se requiera.


Protocolo de los políticos y protocolo de la ciudadanía
Respuesta del Gobierno sobre protocolo
El Congreso rechaza cambiar el Protocolo en las tomas de posesión

El Congreso rechaza cambiar el Protocolo en las tomas de posesión

Hoy el Congreso de los Diputados debatió sobre el protocolo y la presencia de símbolos religiosos en actos institucionales como pueden ser las tomas de posesión de los cargos públicos.

El diputado de ICV, Joan Herrera, presentó una proposición no de ley en la que reclamó "modificar el protocolo de las ceremonias de acatamiento y promesa o juramento de cargos y funciones públicas" y que se elabore un nuevo "protocolo aconfesional para los actos y ceremonias institucionales y sus relaciones con las confesiones religiosas". ICV, que comparte grupo parlamentario con ERC e IU, pretendía que el Pleno del Congreso instara al Gobierno a que se evitara "todo tipo de simbología religiosa, como corresponde a un Estado aconfesional", tal y como señala la Constitución Española. Según Herrera "la toma de posesión de cargos y funciones públicas ante el crucifijo sigue señalando la asignatura pendiente de España como Estado laico y aconfesional" y propuso que los miembros del Gobierno juraran o prometieran sus cargos sin este tipo de elementos, como ya hacen los diputados y senadores en ambas Cámaras.
La propuesta explica que el Real Decreto de 1979 que establece la fórmula de juramento de cargos y funciones públicas, permite elegir entre prometer y jurar el acatamiento a las normas constitucionales y la lealtad al Rey, pero no hace referencia a los símbolos religiosos. De este modo su uso carece de toda base legal. Por ello, los dos puntos de la proposición instaron directamente al Gobierno a "modificar el protocolo de las ceremonias de acatamiento y promesa o juramento de cargos y funciones públicas", incluido si fuese necesario el citado Real decreto, para evitar todo tipo de simbología religiosa como corresponde a un Estado aconfesional. En opinión de ICV, este vacío legal lleva a preguntarse "si un futuro ministro musulmán tendría también derecho a exigir el Corán", algo que no está en absoluto regulado. Por eso, propone "elaborar un Protocolo aconfesional para los actos y ceremonias institucionales y sus relaciones con las confesiones religiosas.

Durante el debate hubo varias posturas:
PSOE, PP y CIU se mostraron contrarios a la iniciativa.
Gaspar Llamazares, de IU, defendió el texto de su propuesta como un paso adelante en la creación de un "protocolo de aconfesionalidad" acorde con el carácter aconfesional del Estado, proclamado en la Constitución.
El BNG expresó su apoyo a la medida.
El PNV presentó una enmienda con el fin, no ya de suprimir el crucifijo o la Biblia en las tomas de posesión, sino de eliminar este tipo de ceremonias por "anacrónicas", carentes de sentido y "superfluas".

Finalmente la propuesta tuvo 309 votos en contra, nueve a favor y seis abstenciones, lo que significó el rechazo al cambio del R.D. y la supresión por ley de símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia en los actos de tomas de posesión de los cargos públicos.

Acta del congreso
Pregunta en el Congreso de los Diputados sobre protocolo
Respuesta del Gobierno sobre protocolo

Entrevista a Armand Mattelart

Paco Barranco recoge en su blog una entrevista a Armand Mattelart, un teórico conocido por todos aquellos que nos dedicamos a la comunicación, realizada por Jordi Gordon.
A continuación cito algunas de las preguntas junto a sus respuestas por su interés:

-Usted ha venido a España a participar en un seminario sobre el déficit democrático en la Comunicación y la Información en pleno momento de euforia tecnológica. ¿Cuál es el significado de esa afirmación?
Concretamente ese déficit está relacionado con el problema de la transformación de los sistemas de Comunicación e Información, tanto de los Medios como la emergencia de las nuevas tecnologías. El desafío que suponen para la humanidad no está siendo discutido en el seno de la sociedad civil organizada; sino que, por el contrario, está al margen de la mirada de esa sociedad civil.
Un ejemplo es la fascinación que nos produce Internet, que logra abstraernos de toda mirada crítica y agrava la concepción darwinista de la bondad de las tecnologías que se ha instalado en nuestra sociedad. Mientras los lobbys, los grupos de presión trabajan presionando a los políticos no hay respuestas de la sociedad. De esa manera todo se convierte en un problema técnico. En realidad, eso es el pensamiento único, no existen problemas políticos ni sociales desde los que abordar este mundo. En las directivas europeas sobre la TV sin fronteras, la Sociedad Global de la Información y la Convergencia se abordan esos temas desde la negación de lo político, sin debate social y ese es uno de los mayores déficit democráticos.
Además, hay una ofensiva ideológica con el concepto de democracia del mercado. Los lobbys empresariales usan siempre el argumento de que cualquier regulación en el ámbito de la comunicación es censura. En la defensa de sus intereses, sostienen que el consumidor debe ser el único juez. Esa concepción liquida la política pública. Y para mi tanto la comunicación, como la educación, la salud o el medioambiente son derechos públicos inalienables.
Es curioso, por eso, cómo un documento del Departamento de Estado de EEUU expresaba su temor a que las regulaciones y la excepción cultural que se ha debatido en Europa frente a la invasión y el dominio del mercado de contenidos por EEUU, se extendiera a los países del Este y a otras partes del mundo y acabe poniendo en peligro su hegemonía.
Vivimos hipnotizados por la nueva economía, por las tecnologías, y nos venden un futuro de progreso económico sin límites.
Esta situación se explica por el descalabro de la ideología del progreso que ha sido sustituida por una ideología de la técnica y del mercado. Hoy la ideología del progreso es la ideología de la comunicación. La idea de progreso ha sido reivindicada desde el siglo XIX tanto por los liberales como por los reformadores sociales o utopistas. Hasta hace poco todos los sectores sociales estaban de acuerdo en que el progreso permitiría zanjar las desigualdades sociales y suprimir las injusticias sociales. Pero esta noción ha fracasado. Los años setenta son la constatación de que la vieja ideología del progreso infinito ha fracasado porque todas las estrategias, tanto capitalistas como socialistas, no han logrado zanjar las desigualdades sociales. Y es a partir de esa época, cuando se empieza a producir lo que los norteamericanos llaman la revolución de las comunicaciones que, en una metamorfosis progresiva, lleva a abandonar la ideología del progreso en provecho de la ideología de la comunicación que, curiosamente, retoma los mismos mitos. Su discurso es difundir que para progresar todos debemos comunicar. Todos debemos comunicar, aunque poco importa que detrás no haya ningún proyecto social.
Tengo que decir que la ideología de la comunicación es una ideología de cínicos. Si usted mira los textos de marketing global, observará que los publicistas trabajan solamente para el 20% de la población mundial y que ignoran absolutamente al resto de la humanidad. Es una ruptura tremenda en relación con la ideología progresista que se ha olvidado. El progreso técnico, por el momento y tal como está desarrollándose, sólo aprovechará a aquellas clases medias que están incluidas en el plan de beneficios de la globalización. El gran drama es que la humanidad está aceptando mayoritariamente una ideología que piensa que integrar al 80% de la población mundial es imposible. Eso explica, por otro lado, las rebeliones y estallidos sociales que están surgiendo en muchas partes del mundo. Mucha gente se da cuenta que con este modelo no se puede sino ir hacia atrás.

-¿Qué papel están jugando los partidos políticos, los gobiernos, los Estados en el deterioro de la calidad del sistema democrático?
Cuando hablamos de los déficit de la democracia, de estas crisis que envuelven al Estado de Derecho deberíamos plantearnos hasta qué punto estamos defendiendo la democracia con instrumentos anticuados. A nuevos tiempos, a la desregulación, a un tiempo de crecimiento de las nuevas plutocracias se hace necesario dotar a la sociedad civil de nuevos instrumentos que garanticen el ejercicio de sus derechos colectivos. La comunicación es mucho más que los medios, participa en la producción, en el ocio, etc. Hay una invasión y, a la vez, una cesión de los Estados de su propia soberanía. La expansión de la comunicación se hace a costa de la privatización de espacios previamente públicos y esa desregulación alcanza en ocasiones la privatización de derechos fundamentales, se pone en juego la libertad de expresión, el derecho a la información de los ciudadanos y muchos valores que están en la médula de lo cívico.
Los partidos políticos, incluso la izquierda, los progresistas, por ese alejamiento histórico de los problemas de la comunicación, han participado en la entrega de estos derechos a las grandes corporaciones o consorcios transnacionales. Ese es el problema mayor. Yo creo que donde el neoliberalismo ha logrado su meta por el momento es sobre la idea de la desaparición del Estado y del Estado-nación. La gran ofensiva que empezó en los setenta ha dado frutos. Basta leer los textos de Anthony Giddens, el teórico de la tercera vía, para darse cuenta de los fallos de la izquierda y de los que pretenden su renovación. En su último libro habla de la llegada de la edad global, que no sé lo que quiere decir. Para él, la era global, la llegada de las sociedades desarrolladas a la edad global implica revisar las concepciones clásicas que tenía la izquierda sobre el Estado y la sociedad civil.
De hecho en su reflexión elimina como actor al Estado, se olvida del Estado, lo que para mí es una necedad. El Estado es el ámbito del interés general, aunque sea necesaria la reflexión sobre su papel. En los textos de Giddens sólo aparecen dos actores, una sociedad civil internacional, global y del otro lado las grandes empresas. Lo que no se plantea es cómo en la situación actual, el Estado y el Estado-Nación pueden reformularse para enfrentar los desafíos a que nos enfrentamos. Hoy el mayor esfuerzo de reflexión deber centrarse en la transformación del Estado y su articulación con la sociedad civil. Y ahí está la novedad. Hoy en día es imposible pensar el Estado como antes, pero la única manera de repensarlo es en función de cómo la sociedad civil puede apropiarse de temas que le conciernen como pueden ser el campo tecnológico, la legislación frente a los alimentos, la salud, el medio ambiente y otros muchos.

-¿La regulación de la sociedad de la información se ha convertido en uno de los principales problemas políticos en nuestras sociedades?
Es un problema político esencial. Hay dos posiciones enfrentadas: la autorregulación empresarial, a través de la autodisciplina y la regulación desde el Estado, desde las instituciones políticas. Pero también hay gobiernos como el francés que se plantean la coregulación que, en mi opinión, es la solución más interesante. Es decir, tratar de reunir alrededor de los problemas que plantean la sociedad de la información y la llegada de las nuevas tecnologías a los distintos sectores que representan a la sociedad civil, a los empresarios y al Estado. Sin embargo, hasta el momento, se impone sólo la autorregulación empresarial que es la que más se hace entender por medio de los lobbys en la Unión Europea. Sorprende en cualquier caso que el debate no se refleje en la sociedad civil y ésta siga todavía al margen.
Hay que subrayar que todas las luchas en el mundo que reflejan una nueva manera de resistir a un orden llamado global nunca toman en cuenta los sistemas de información y comunicación. Toman en cuenta los sistemas de agricultura, de salud, el medio ambiente, etc. Debemos reflexionar sobre las razones de que todo lo que atañe a los sistemas de información, a los retos que plantean la implantación de las nuevas tecnologías, rara vez forman parte de un objetivo de las luchas sociales.
Los protagonistas de Seattle, las ONG utilizan las tecnologías de información y comunicación, pero digamos que las grandes luchas que muestran la emergencia de nuevos actores sociales en el mundo, no llevan directamente a plantear el uso de las tecnologías y, precisamente, ahí es donde está el marco de desarrollo de la democracia del futuro. La diversidad de medios de información, la invasión de miles de productos informativos se confunde fácilmente con la pluralidad de contenidos.
Desde luego la palabra diversidad ha sido desvirtuada, el problema de la diversidad hoy es más bien diversidad de ofertas en el mercado, es un término económico que se utiliza en los textos políticos. La diversidad pertenece tanto al campo de la filosofía como de la antropología. Todas las discusiones sobre la excepción cultural reclaman una verdadera diversidad cultural que remita a un respeto por diversas voces y por diversas culturas.

- ¿Cómo interpreta el déficit de los contenidos que se produce en un momento de gran expansión de las infraestructuras?
El futuro se va a jugar en parte no sólo en el déficit cualitativo sino incluso en el cuantitativo de los contenidos. Hasta ahora existía un tabique que salvaguardaba la educación, aunque es verdad esa afirmación de que la televisión destruye por la noche lo que la escuela enseña por el día. Pero progresivamente con la presión tecnológica y para amueblar estas tecnologías con contenidos se empieza a producir una ofensiva de los fabricantes de tecnología frente al campo de la educación. Esto es debido a la necesidad de las empresas de tener nuevos campos de explotación. Por primera vez en la historia se acaba de celebrar una feria del mercado de la educación en Vancouver, donde se han reunido todos los fabricantes de productos educativos junto a las universidades y representantes del mundo educativo. Cuando lees las declaraciones de los participantes se te ponen los pelo de punta al ver como avanza la idea de industrializar, de tomar el campo de la educación para someterlo a lo que llaman las transacciones comerciales. Eso no quiere decir que la lógica del mercado no haya llegado antes a las escuelas. He leído un artículo sobre la publicidad en las escuelas norteamericanas, donde ahora utilizan spots financiados por empresas para enseñar a los niños.
La idea de política pública de comunicación está desvalorizada por todas partes porque nos intentan convencer de que el único juez del contenido es el consumidor y, si éste es soberano en su juicio y no está afectado por los determinantes sociales y económicos, ya no se necesitan políticas públicas. El gran problema hoy es revalidar la noción de políticas públicas, sin ello llegaremos a situaciones extremas.

Respuesta del Gobierno sobre protocolo

El pasado 15 de enero el diputado en el congreso, Celso Delgado Arce, formuló una pregunta al Gobierno sobre la situación actual del protocolo oficial en España y la actualización del R.D. 2099/83.

Y ya tenemos contestación por parte de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes:
«El Gobierno no ha anunciado ni está elaborando en estos momentos una nueva ley reguladora del protocolo oficial de España».

Creo que esta respuesta no es del agrado de la mayor parte de los profesionales del protocolo en España, que vienen demandando en los últimos tiempos la necesaria actualización o incluso, la reforma, del R.D. 2099/1983.

Juan José Feijoo se asombra al considerar el tamaño de la contestación:

"LACÓNICA. Suscita. Escueta. Más que una respuesta, se asemeja a una sentencia, casi con tintes de apotegma. Su extrema brevedad causó estupor el promotor de la pregunta.
La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes acaba de responder al diputado popular Celso Delgado, a su pregunta, de la que recientemente nos hacíamos eco, sobre la actualización del Real Decreto que regula el Protocolo Oficial en España -que data de 1983- y en la necesidad de adaptarlo a los nuevos tiempos.
Como decimos, ha sido una contestación telegráfica (pero sin stop): «El Gobierno no ha anunciado ni está elaborando en estos momentos una nueva ley reguladora del protocolo oficial de España».
Este asombro no sólo es del parlamentario ourensano, sino de cualquier profesional del protocolo, pues desde entidades, asociaciones e instituciones vinculadas con el Protocolo y Ceremonial, se viene demandando esta actualización de la normativa.
Entendemos que la respuesta gubernativa pudo haber sido más enriquecedora, insinuando que se iba a crear una comisión de trabajo de expertos o reconociendo que es una disposición que está obsoleta y está en estudio un borrador. O algo parecido. Pero no fue así. Sencillamente, no hay interés oficial por el tema.
La única satisfacción que le queda al diputado es que está en condiciones de ingresar en el Libro de Récords por ser el que ha recibido la repuesta parlamentaria más breve."

De este modo vemos que nada variará en el protocolo oficial de España de momento.
Y seguramente tendremos que esperar muchos años más para ver algún cambio en el Ordenamiento General de Precedencias del Estado.

Pregunta en el Congreso de los Diputados sobre protocolo
¿Se acerca el fin de la paz protocolaria?

Pregunta en el Congreso de los Diputados sobre protocolo

El pasado 15 de enero el diputado en el congreso, Celso Delgado Arce, formuló una pregunta al Gobierno sobre la situación actual del protocolo oficial en España y la actualización del R.D. 2099/83.

A continuación mostramos la pregunta del diputado publicada en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha de 7 de febrero de 2007.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Diputado de la provincia de Ourense, D Celso Delgado Arce perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito:

El 25 de noviembre de 2006 se celebró en Zaragoza el VII Congreso Internacional de Protocolo en el que los congresistas siguiendo las exposiciones de valiosos ponentes procedentes de los distintos ámbitos territoriales de las administraciones y de las opiniones de los asistentes, profundizaron sobre el estudio de una posible actualización de las normativas y otras practicas ceremoniales en el Protocolo Oficial.

Así se expresó una sentida y amplia necesidad de actualizar diferentes normativas, en especial el Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, norma reguladora del Protocolo Oficial de España y que ha cumplido un papel importante.

Han considerado los expertos en protocolo que es urgente la actualización del citado Real Decreto para acomodarlo a la nueva realidad institucional de Estado y a las nuevas prácticas organizativas. Incluso una de las propuestas que se presentaron fue la de elaboración de una Ley Estatal de Protocolo y Ceremonial que aglutine los principales aspectos relacionados con la normativa en ese campo.

En opinión de este Diputado, que ha conocido las conclusiones y reflexiones de los congresistas reunidos en el Panel de Protocolo de Estado, hay diversos apartados en los que la revisión se hace muy necesaria y urgente.

A tal fin y dado el alto nivel de los profesionales del Protocolo en España sería pertinente que desde el Gobierno se crease un grupo de trabajo constituido por expertos reconocidos en esta materia que pudieran asesorar en la redacción de los posibles proyectos o borradores sobre estas materias.

Por todo ello pregunto,

¿Cuándo procederá el Gobierno a efectuar una actualización de la vigente normativa reguladora del Protocolo Oficial de España para acomodarlo a la nueva realidad institucional del Estado y a las nuevas prácticas organizativas?

Madrid a 15 de enero de 2007.

Fdo. CELSO DELGADO ARCE.

Sobre este tema podemos leer opiniones en el Boletín EIP noticias de protocolo y en un artículo de La Voz de Galicia, escrito por Juan José Feijoo.

Ahora sólo nos queda esperar que la respuesta del gobierno sea del agrado de los profesionales del protocolo en España.